Aduanas para Dummies: la pesadilla continua

Cuando la Administración quiere conseguir algo, utiliza lo que se llaman técnicamente "políticas", es decir, un conjunto de medidas, reglamentos o protocolos que pretender favorecer la consecución de un determinado objetivo.
En el caso de los derechos arancelarios, o aduanas en sentido genérico, la administración española parece haber optado por una política que podríamos definir como "disuasoria", aunque también podría traducirse por "cómo complicar la vida al ciudadano sin reparar en gastos".
El objetivo evidente de esta política es la de convencer al público de que no merece la pena hacer compras en el extranjero por cuenta propia sino que es mucho mejor hacerlo en España o, en todo caso, por los canales oficiales.
La intención no es sólo recaudar -que sí- sino complicar los trámites hasta el punto de hacerlos tan enojosos que resulten inviables. Además, se favorece a entidades como Correos, Agencias de Aduanas y, en todo caso, se protege a los importadores oficiales de los productos.
La palmaria evidencia de esta política se traduce en el aparente complot entre la Agencia Tributaria y Correos para hacerle la vida imposible al importador particular. Voy a dar algunos datos referidos al estado de la cuestión para que cada cuál extraiga sus propias conclusiones.
Correos, en contra de lo que determina la Ley, se dedica últimamente a despachar por su cuenta los paquetes de pequeña cuantía que son retenidos por la Aduana. Eso significa que, sin contar con el destinatario, presentan el DUA correspondiente a la Agencia Tributaria y liquidan los derechos. Naturalmente, el usuario recibe en su casa el aviso de que todo está hecho aunque, eso sí, a cambio de los honorarios correspondientes. "¿He autorizado yo esto?" se pregunta sorprendido el incauto. No, pero da igual, y como las cuantías son pequeñas (exceptuando los derechos de Correos) el interfecto termina por aceptar que le hayan hecho la gestión y que le cobren lo no solicitado ante la perspectiva de tener que ir al Aeropuerto, deshacerlo todo y perder más tiempo.
Esto, más o menos, podría llamarse una sutil  coacción, pero no acaba ahí la cosa. Si pese a todo, el destinatario decide reclamar, tendrá que ir a correos, esperar una cola que llega hasta los confines de Mordor y pedir por escrito la anulación del DUA que se ha presentado sin su autorización lo cual, naturalmente, conseguirá a cambio de esperar algunas semanas hasta que los diligentes funcionarios de Correos -que no están muy motivados para perder honorarios- soliciten -lentamente- a  Hacienda la anulación de la declaración aduanera que nunca debieron haber realizado.
Cuando el desesperado importador recibe por fin el nuevo aviso, tiene que acercarse otra vez al Aeropuerto para liquidar el DUA, para lo cual, tras recoger la documentación en Correos, tiene que ir a la Agencia Tributaria que se encuentra cerca. Lo primero que uno ve allí es un enorme cartel en cada ventanilla donde se informa que la Agencia no recibe pagos en metálico. Y resulta extraño porque la administración, en general, ha llevado a cabo una política que consiste en facilitar el pago de cualquier tributo en cualquier parte y de cualquier manera, desde una multa hasta una tasa por aparcamiento, en dinero o con tarjeta. Al que paga, puente de plata. Menos aquí.
Hay que pagar en una sucursal bancaria pero como la que había en el mismo edificio les debía parecer un fallo escandaloso del sistema, la han cerrado, de manera que hay que acercarse a Madrid, a la Alameda de Osuna o al Aeropuerto, a pagar la liquidación. Y eso ya no se puede hacer andando sino que habrá que comprobar lo poco práctico que resulta encontrar aparcamiento en esos sitios a tan temprana hora.
Liquidados los derechos en el Banco correspondiente, hay que volver a la Agencia para que sellen el acto administrativo con el que se retirará el paquete en correos.
Allí nos esperará el frustrado funcionario a quien no pagamos sus honorarios por el despacho y que, en castigo, nos recibirá con otro cartel donde se dice que los 5,34 euros que hay que pagar por el malhadado factaje, sólo pueden ser abonados en metálico. Todo se puede pagar de cualquier manera, menos el factaje que, a lo que se ve, debe ser algo sagrado que solo admite billetes y monedas. Podían ponerse de acuerdo entre Correos y Hacienda sobre medios de pago pues uno no admite metálico y el otro sólo metálico. Muy coherente.
Bien, así son las cosas al día de hoy. Que cada uno reflexione sobre los hechos, a qué obedecen y que extraiga las consecuencias que correspondan. Por mi parte, sugiero no rendirse jamás ante los abusos de correos, discutir siempre sus actos realizados a espaldas del destinatario y presentar hoja de reclamación por la pésima atención y servicio que, sin duda alguna, perpetran para disuadir al cliente de que haga los cosas por sí mismo. Sólo así se explica que la inmensa cola que se forma para resolver estos problemas esté atendida por un sólo funcionario que, además, no parece tener mucha prisa mientras que, al lado, un nutrido enjambre de ellos pulula sin aparente ocupación.
Pero para que no se diga que no me preocupo por el futuro de esta política disuasoria, yo sugiero a los poderes públicos mejorarla de la siguiente manera:

a) Trasladar el despacho de aduanas de Correos a las afueras de Madrid, por ejemplo, a La Coruña
b) Instalar el servicio en una isla, para que resulte cómodo aparcar cerca.
c) Hacer que la sucursal bancaria autorizada más cercana esté en Cádiz y que no admita más medio de pago que los Zlotys polacos.
d) Disponer un único funcionario para la atención al público de toda España, de manera que se garantice una espera mínima de tres días a la intemperie.
e) Ofrecer un teléfono de atención al público servido por una momia incaica.
f) Obligar al destinatario a llevar durante un mes un brazalete amarillo con el Logo de Correos para mofa y befa del público.