Cuando la Administración quiere conseguir algo, utiliza lo que se llaman técnicamente "políticas", es decir, un conjunto de medidas, reglamentos o protocolos que pretender favorecer la consecución de un determinado objetivo. En el caso de los derechos arancelarios, o aduanas en sentido genérico, la administración española parece haber optado por una política que podríamos definir como "disuasoria", aunque también podría traducirse por "cómo complicar la vida al ciudadano sin reparar en gastos". El objetivo evidente de esta política es la de convencer al público de que no merece la pena hacer compras en el extranjero por cuenta propia sino que es mucho mejor hacerlo en España o, en todo caso, por los canales oficiales. La intención no es sólo recaudar -que sí- sino complicar los trámites hasta el punto de hacerlos tan enojosos que resulten inviables. Además, se favorece a entidades como Correos, Agencias de Aduanas y, en todo caso, se protege a los impor...
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